El debate acerca de las cuotas siempre es polémico. Para unos obligar es un abuso. Para otros, no poner ciertos límites puede ser la ley de la selva. No es un debate nuevo y mucho menos aplicado a las políticas culturales. Los estados-nación han fomentado siempre su cultura porque en ello les va la existencia. Rara es la nación que no estimula la creación artística autóctona (aunque este concepto también sea un constructo), y la que no lo hace es que es una nación débil desde el punto de vista del nacionalismo.

En todo caso, los estados contemporáneos diseñan e implementan políticas públicas culturales de corte similar porque así se configura en sus constituciones: la cultura es un derecho de los ciudadanos, además de una herramienta de aglutinamiento nacional. Aquí es donde se sitúa esta iniciativa parlamentaria que hemos conocido el pasado 1 de agosto a través de Fernando Navarro: una proposición no de ley (una iniciativa parlamentaria “suave”) que instará al gobierno, en caso de aprobarse, a establecer cuotas de música española en los medios públicos. 

En el Inglaterra destaca el prestigioso Arts Council, que financia con fondos de loterías el apoyo a festivales, centros de arte, danza y música. Y por supuesto, otro referente es France Culture que también encuentra en al diversidad de manifestaciones culturales su santo y seña.

En la formulación de cualquier política pública, por más que pueda instarla el Congreso, deben responderse previamente una serie de preguntas.

En primer lugar, qué se entiende por música. Lejos de ser una obviedad, la cuestión del ámbito de aplicación es muy relevante en una manifestación cultural que abarca incontables estilos musicales. El legislador trata de solventarlo proponiendo establecer que se trata de “música total o parcialmente producida, escrita, interpretada o con contribución por parte de personas con origen o residencia en España”. Una vez más, el elemento territorial de la soberanía de los estados se hace patente. Bodino estaría encantado. Se obvian, claro está, estilos y cualquier otro criterio de los que veremos más tarde.

Por su parte, otra respuesta que se debe dar es qué se entiende por el uso de la música. Y el texto especifica que se deberá usar al menos el 40% de música española “para sus entradas, sintonías, transiciones entre bloques”.

En el texto de la PNL queda claro que la iniciativa se dirige a los medios públicos. Podría ser de otra manera y exigir una regulación más amplia que obligue a los medios privados también. De hecho el Tribunal Constitucional ha encontrado límites para la libertad empresarial como sucede en el ámbito del cine. No obstante, no cabe duda de que esta iniciativa parlamentaria lo que busca es fomentar el papel de RTVE como palanca de acción cultural, tradicionalmente visibilizado en La 2 y el Radio 3. En mi opinión, estos medios representan un valor ejemplarizante para que otros medios, qué decir de los autonómicos, lleven a cabo actuaciones similares. Ahora bien, en el caso de los medios de las CCAA estas políticas se traducirían, sin lugar a dudas, en el fomento de las músicas de su ámbito regional. Este hecho podría quebrar una de las finalidades de la PNL, cual es el fomento de la diversidad musical.

Este objetivo, unido al fomento de la calidad que toda sociedad avanzada debe buscar, es clave. Ciertamente no es sencillo definir ni diversidad ni calidad, pero para eso están los debates en comisión parlamentaria, para trabar consensos representativo que puedan cuajar en políticas públicas, como las que venimos comentando. En el primer caso, la diversidad debe estimular que el abanico de estilos musicales sea lo suficientemente amplio como para dar cabida a la riqueza cultural existente. Recordemos que solo aproximadamente un 1% son los grupos que escuchamos habitualmente en las radios y medios audiovisuales son de grupos de éxito. El resto, prácticamente es underground. Es decir, existe, y debe ser fomentado porque es la cantera estilística y de nuevos valores, además de ser el motor cultural de un país.Pues bien, como en RNE3 todo esta diversidad debe tener cabida y, también, una oportunidad de salida comercial.

Más complicado me parece terciar en la cuestión de la calidad porque es algo que cada uno define de manera muy distinta. Incluso dentro de los distintos estilos de preferencia.Pero para una política pública este es un punto muy delicado: mientras que nadie abogaría por fomentar la mediocridad, el riesgo de definir la calidad políticamente es elevadísimo, rayando la superioridad moral. Sin embargo, una posible salida sería que la PNL instara a fomentar a los nuevos valores frente a los consagrados. Es decir, que RTVE recurriera a música española nueva. De esta manera conseguiría el objetivo perseguido inicialmente añadiendo uno nuevo: generar valor, pasar al mainstream grupos jóvenes que merecen mucho la pena. No obstante, debemos estar de acuerdo con Iván Ferreiro: “el equilibrio es imposible”.

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